El Gobierno mantiene que no necesita cambiar de política económica ------------------------------------------------------------------

MADRID
SERVIMEDIA

Cuando mañana el presidente del Gobierno, Felipe González, abra en el Congreso de los Diputados el anual "debate sobre el estado de la Nación" lo hará hablando sobre la convergencia española con Europa y esperará a los turnos de réplica para responder a las acusaciones sobre el gran tema de los últimos tiempos: la corrupción.

Mientras PNV y CiU, por un lado, coinciden en que es una ocasión importante para hablar de los suntos que "interesan al bolsillo" y a la calidad de vida de los ciudadanos, "además de la corrupción", PP e IU no piensan dejar escapar la ocasión para obligar a González a pronunciarse en la tribuna de oradores sobre el clima enrarecido que han provocado los escándalos.

Según la comunicación enviada por el Ejecutivo al presidente del Congreso con el índice de temas que González expondrá en su discurso, éste versará en términos generales sobre las "nuevas realidades internacionales" y el papel de Espña en el mundo.

El hecho de que en esa comunicación no exista ninguna referencia los escándalos más sonados en los últimos meses (casos Renfe e Ibercorp, entre otros) ha motivado duras acusaciones de los distintos dirigentes de los partidos de oposición, para quienes el PSOE intenta plantear una imagen "idílica" de España.

Por orden, el presidente hablará en su primera intervención de la "cumbre" de jefes de Estado en Maastricht, de la Unión Económica Europea y de los esfuerzos que tiene pendients la economía española para estar a punto el 1 de enero de 1997, fecha de entrada en vigor de la Unión Monetaria Europea acordada en Maastricht.

En cinco años la economía de cada país de la CE deberán adaptarse a cinco condiciones si no se quiere quedar fuera de esa Unión Monetaria hasta mejor ocasión. Para empezar, la inflación no podrá superar en un 1,5 por ciento anual el promedio de los tres estados de la CE con mejor indicador. Según datos de la Fundación Fondo para la Investigación Económica y Scial, 2,7 puntos separaron a España de conseguir ese objetivo en 1991.

Y así hasta cinco condiciones de las cuales España sólo cumple una a día de hoy: la deuda pública no podrá ser superior al 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y la de España es del 45 por ciento.

No obstante, ni el repunte de la inflación en febrero (en lo que va de 1992 se ha acumulado casi la mitad de inflación prevista por el Gobierno para todo el año) ni otros indicadores hacen pensar al Gobierno en un cambio d su política, porque "considera que estamos en condiciones favorables para lograr tal objetivo", según se afirma en el índice enviado al Congreso.

"Durante el pasado año, en efecto, nuestro PIB creció en un 2,5 por ciento, mientras en el resto de la comunidad lo hizo en un 1,3. Nuestra tasa de inflación fue del 5,5 por ciento (...) La inversión aumentó en un 2,9 mientras en la Comunidad descendió en un 0,5. Por otra parte, las cifras de creación de empleo, pese a haber experimentado una notable desaceeración, volvieron a ser positivas, con unos 30.000 puestos de trabajo netos creados".

HABLAR DE "OTRAS COSAS"

Ni siquiera los dirigentes de los partidos más próximos al PSOE en los últimos tiempos, PNV y Convergència i Unió, pudieron eludir el pasado martes un gesto de reprobación, al conocerse este y otros extremos del texto.

Ambas formaciones han procurado no hacer "sangre" en el PSOE con los sucesivos escándalos de corrupción que han ido salpicando España en el último año, lo cual no les imide considerar que debatir la convergencia económica con los países desarrollados de la Comunidad Europea es positivo, pero creen también necesario hablar de "otras cosas".

Tal es el grado de unanimidad en la protesta generado que la ministra portavoz, Rosa Conde, a preguntas de los periodistas, dijo el pasado viernes que el presidente del Gobierno no "escatimará" ningún tema, "por serio que éste sea y por muchas dudas que esté generando entre la población".

Miquel Roca, sin embargo, ha marcado dstancias respecto a PP e IU en lo que será su respuesta al discurso de González. Aseguró el pasado viernes en un coloquio radiofónico que piensa hablar de los problemas que "interesan" a los ciudadanos (agricultura, paro, droga), no sólo de aquellos que les "divierten", en clara alusión al "caso Renfe" o al escándalo Ibercorp.

Pero acto seguido explicó que no que hay que quedarse en cifras macroeconómicas como las expuestas por el Gobierno, porque reconoce que no se puede charlar sobre la convergenciacon Europa "sin haber resuelto problemas de clima general del país".

En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, quien aprovechará la ocasión para explicar al Congreso en qué términos se van a llevar a cabo las conversaciones entre su partido y Herri Batasuna (HB).

"ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS"

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Luis Ramallo, afirmó nada más conocer el índice de temas previsto por el Gobierno que éste pretende darla sensación de que vivimos en un país "idílico", como el de "Alicia en el país de las maravillas".

Según el partido que lidera José María Aznar, 1991 ha sido "un año perdido", tanto por el carácter negativo de los indicadores económicos" como por el incremento del terrorismo o el creciente deterioro de los servicios públicos.

Por ello, desde las filas del partido conservador se considera un contrasentido que estas cuestiones no figuren en el índice o se hayan incluido de forma edulcorada.

U asunto "ineludible" es, a juicio del principal partido de la oposición, "el clima de corrupción generado tras escándalos como los de Renfe, Filesa, Ceres o Ibercorp", casos que, se recuerda, han sido conocidos por la opinión pública el pasado año.

Los responsables del PP consideran que la cultura del enriquecimiento fácil e inmediato es culpa de los diez años de gobierno socialista y "ha hecho aguas" en las propias filas del PSOE en el último año.

En iguales o parecidos términos se expresó el potavoz del Izquierda Unida en el Congreso, Nicolás Sartorius, al conocer la comunicación del Gobierno con los temas a debate.

Sartorius considera que la clave de este debate, "deterioro de la economía de los ciudadanos (precariedad en el empleo, fundamentalmente)", no puede ser sustituido en la intervención de González por cifras de inflación y otras variables macroeconómicas, más ajenas a la comprensión del pueblo.

Además, todos ellos pedirán no sólo que el Gobierno se comprometa a modificar su plítica a través de las mociones que se aprobarán al término del debate (el miércoles), sino que las cumpla.

Según han denunciado reiteradamente el PP e IU, Felipe González sólo ha cumplido 8 de las 17 propuestas a las que se comprometió en el anterior debate sobre el estado de la nación, relativas a peticiones de la información sobre la CE para la oposición, el plan de convergencia o el debate sobre la droga (celebrado el pasado 26 de noviembre), entre otras.

IZQUIERDA SOCIALISTA TAMBIEN ATACA

demás de las voces de oposición, también los miembros de la corriente del PSOE Izquierda Socialista (IS) han pedido a Felipe González que dé un cambio de rumbo a su política económica "liberal y tecnocrática".

El dirigente de IS Antonio García Santesmases expuso el pasado sábado a los medios de comunicación un dura crítica sobre la política neoliberal del Gobierno y el estilo de vida de la "gente guapa" del PSOE.

García Santesmases relacionó estos dos fenómenos con la pérdida de valor de lo públio en favor de lo privado (discurso conservador, dijo) y pidió que los gestores del PSOE se comporten como socialistas en su vida privada.

No mencionó nombres, pero relacionó temas como el escándalo Ibercorp (exigió que se admita la dimisión de Mariano Rubio) con esa pérdida de valores y con el poder que tiene el capital para "imponer su lógica" aunque el Gobierno se llame socialista, en clara alusión a la política económica del Ejecutivo.

(SERVIMEDIA)
23 Mar 1992
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