La Junta aprobó la revisión de la orden ministerial que regulaba desde 1987 los precios que deben ser sometidos a la autoización, de los que han sido excluidos desde entonces un total de diez, entre ellos las tarifas aéreas y las del ferrocarril de largo recorrido y mercancías de Renfe y Feve.

Desde 1987, también quedaron liberalizados y no sometidos a permiso administrativo los gases canalizados para usos industriales, las gasolinas y gasóleos, los fuelóleos, y los servicios postales y telegráficos no básicos, entre otros productos y servicios.

La nueva orden ministerial establecerá también la lista de productos yservicios que seguirán sujetos al permiso administrativo a la hora de cambiar sus precios, entre los que destacan las tarifas eléctricas, telefónicas y postales.

También incluirá a las tarifas del transporte de cercanías y regionales de Renfe y Feve, las especialidades farmacéuticas, las lineas regulares de autocar, el gas canalizado para usos domésticos y comerciales.

Un portavoz de CCOO manifestó a Servimedia que su sindicato se opuso en el pleno de la JSP al proceso de liberalización de precio, por entender que estimulan la inflación, como en el caso de las gasolinas.

En el caso concreto de la liberalización de las tarifas aéreas, CCOO considera necesario mantener al menos el control administrativo para los precios de los billetes con los archipiélagos baleares y canario.

A su juicio, si la liberalización de precios no va acompañada de medidas para eliminar las estructuras monopolísticas, esta medida desemboca en incrementos de precios.