"En España hay planteadas reformas estatutarias que no sólo no están sujetas al texto constitucional, sino que, de manera absolutamente ilegal, pretenden desbordarlo, cuando no destruirlo", dijo González en el curso "Parlamento y Modelo de Estado", organizado por la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial.

En su opinión, "los estatutos que se pretenden aprobar en Cataluña y en el País Vasco, y pronto veremos también en Galicia, son anticonstitucionales desde el primer artículo".

"Hoy se están produciendo reivindicaciones secesionistas que no serían excesivamente preocupantes si no contaran con el aplauso fervoroso del presidente del Gobierno de la nación", subrayó.

El vicepresidente madrileño señaló, asimismo, que, "en cualquier caso, debemos preguntarnos qué falla en nuestro sistema político cuando nos felicitamos de que un dirigente nacionalista nos anuncie, con aire perdonavidas, que no piensa vulnerar la ley, pero sólo de momento".

Para González, "las comunidades autónomas no son naciones, y el uso de determinados términos no es una cuestión sin importancia".

"Cuando un grupo quiere que su comunidad autónoma pase a denominarse nación", agregó, "no está planteando un mero cambio semántico, sino que está dando un paso más hacia la independencia".

El vicepresidente autonómico se refirió también al sistema de financiación autonómica y destacó que la Constitución "recoge de forma clara la solidaridad entre las comunidades autónomas". "Sin embargo", precisó, "desde el nacionalismo catalán se plantea la ruptura de este sistema, y lo que es aún peor, el establecimiento de privilegios en distintas zonas de nuestro territorio".

Según González, "la propuesta atenta contra la suficiencia del sistema de financiación, contra la prestación de los servicios públicos en igualdad por parte de las comunidades autónomas y contra la capacidad del Estado para igualar la riqueza de las regiones".

En su opinión, el argumento que maneja el Gobierno catalán sobre las balanzas fiscales regionales es falso, dado que "los territorios no contribuyen; quienes contribuyen son los ciudadanos".

González reclamó al Gobierno central 550 millones de euros que le corresponden a la Comunidad de Madrid por atender en sus hospitales a más de 20.000 ciudadanos de otras regiones. Por el aumento de población, exigió al Ejecutivo socialista 1.414 millones de euros adicionales que corresponden a la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el sistema de financiación vigente.