Tras mantener una reunión con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre y miembros de su Ejecutivo, el presidente de la FEMP, Pedro Castro, explicó a los periodistas que se ha tratado la puesta en marcha de un acuerdo en el que se apueste por la vivienda pública en Madrid y donde deberán tomar parte sindicatos, empresarios, agentes económicos, ayuntamientos y Ejecutivo regional.

También han abordado la adopción de un acuerdo por el empleo, en el que igualmente deberán estar presentes los partidos políticos, los sindicatos, los agentes económicos, los municipios y la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha mostrado su intención de buscar las fórmulas necesarias para iniciar un acuerdo sobre el Plan Local de Inmigración a fin de colaborar con los ayuntamientos en esta cuestión.

La Comunidad de Madrid se ha comprometido a que antes de final de año habrá un decálogo de servicios públicos que prestan actualmente los municipios sin competencia ni financiación para ello, y cuyo gasto será incorporado a los presupuestos de dichos ayuntamientos a partir de 2009 y contemplado en el Plan de Financiación Local.

Se trata de asuntos relacionados con la infancia, la juventud, la mujer, las personas mayores, la violencia de género, la sanidad, la cultura, la educación, el deporte, el empleo o la vivienda.

En cuanto a la financiación a nivel nacional, el presidente de la FEMP precisó que ha habido "nubes y claros". El Ejecutivo autonómico ha asegurado que debe haber financiación y se ha comprometido a votar a favor de que los ayuntamientos estén en el Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera.

Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid considera que la negociación debe ser simultánea, pero no vinculante, un planteamiento que no coincide con el de la mayoría de la FEMP, que entiende que ha de ser tanto simultánea como vinculante.

Finalmente, preguntado sobre la remodelación acometida por Aguirre en su Gobierno, dijo que, sin entrar a valorar decisiones internas de la Comunidad de Madrid, espera que tales cambios no entorpezcan los proyectos en que están inmersos los ayuntamientos, como los planes de vivienda pública o de empleo.