El plan fue prorrogado hoy para 1991, con la firma de un protocolo por parte de Joaquí Leguina, como presidente del Gobierno Regional; Juan Barranco, como presidente de la Federación de Municipios de Madrid; José Luis Daza y Rodolfo Benito, como secretarios regionales de UGT y CCOO, respectivamente; y Fernando Fernández Tapias, por la patronal madrileña CEIM.

En sus tres años de vigencia, de 1988 a 1990, el plan de empleo regional permitió la puesta en marcha de 2.000 proyectos empresariales, con una inversión total de 80.000 millones de pesetas, que hicieron posible la creación de 56.00 empleos.

Joaquín Leguina manifestó que el Gobierno regional considera el plan de empleo como una "pieza fudamental" de la concertación social en Madrid. Subrayó su contribución a la disminución del paro de la Comunidad en los últimos tres años, así como en el desarrollo del tejido productivo y la formación profesional.

José Luis Daza criticó el excesivo "asistencialismo" del plan y pidió un cambio de filosofía, reduciendo las subvenciones directas y aumentando el asesoramiento técnico y de foración de recursos humanos de las empresas. Afirmó, no obstante, que su aplicación ha sido globalmente beneficiosa y destacó especialmente que el 60 por ciento de los contratos firmados al amparo del plan fueron fijos.

Benito señaló que el plan no aporta soluciones a los más graves problemas económicos de Madrid que, en su opinión, responden sobre todo a la decadencia de su industria. El dirigente de CCOO reclamó más competencias para la Comunidad de Madrid y pidió a Joaquín Leguina que mantenga posicines más firmes ante el Gobierno de Felipe González.

Fernández Tapias valoró positivamente los efectos del plan en la creación de empleo y aseguró que, a su juicio, no existe contradicción entre las políticas liberalizadoras que preconiza la patronal y el recurso a subvenciones públicas. "Todo lo que contribuya a crear riqueza es bueno", apostilló.

Las líneas básicas del protocolo que prorroga por cuarto año el Plan de Empleo Regional son el fomento del empleo, la potenciación de la economía socia, y el apoyo a programas de formación profesional.

Según el texto del protocolo firmado hoy, el plan tiene como destinatarios fundamentales "a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, al autoempleo, a las pequeñas y medianas empresas tradicionales, a las cooperativas y a las sociedades anónimas laborales".