Tras explicar que espera que esta ley sea aprobada en la Asamblea e Madrid antes de que concluya la actual legislatura, Espinar señaló que el objetivo principal del proyecto, consensuado con los citados agentes sociales, es "posibilitar la articulación de la CAM como un espacio geográfico dotado de estabilidad económica suficiente para atraer la inversión y la creación de empleo".

La ley, además de "elevar a derecho" algo que ya existía, la presencia de los sindicatos y patronal en instituciones como el IMADE o el Instituto Madrileño para la Formación, determina la órmula de compensación económica o ayudas que reciben y la "tranparencia en su financiación".

Espinar anunció que en los Presupuestos de 1996 aparecerá una partida destinada a este fin y que la cuantía será de unos 450 millones de pesetas, repartida a partes iguales entre CCOO, UGT y CEIM.

Otra de las decisiones del Consejo de Gobierno fue la de aprobar un decreto que regula la actividad industrial y prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles.

Espinar afiró que esta norma pretende "garantizar los derechos de los usuarios" y contiene un régimen sancionador para los talleres que infrinjan la ley, con multas que oscilan entre 500.000 pesetas y 100 millones.