En su intervención para defender el proyecto de reforma de la LOU, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, subrayó que la política educativa debería ser una "política de Estado", por lo que confió en atraer al consenso al PP.

El Gobierno ha elaborado este proyecto después de dialogar con la comunidad universitaria, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y comunidades autónomas, explicó, y cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, que "destacó lo acertado de muchas de las medidas propuestas".

"Esperamos que ese respaldo institucional se extienda a los grupos parlamentarios", subrayó la ministra, quien resaltó que se ha optado por reformar y no hacer una nueva ley porque la regulación de las universidades debe tener un "cierto grado de continuidad",

Explicó que "la política universitaria necesita una nueva orientación, y este es el cambio que requiere nuestro sistema universitario", por lo que la reforma va en la dirección de adaptar las titulaciones al espacio europeo de educación y ofrece más oportunidades a las universidades para "afianzar su propia identidad".

El portavoz de Educación del PP, Eugenio Nasarre, pidió la retirada del proyecto que hace "desaparecer un sistema homologado y homogéneo de acceso al cuerpo docente", y da un "cheque en blanco" a las universidades para determinar los procedimientos de concurso.

PROFUNDO FRACASO

El resultado del modelo de Cabrera, agregó Nasarre, "puede ser un profundo fracaso", como ocurrió con el "descabellado proyecto de su predecesora, la pobre María Jesús San Segundo, cesada por Zapatero el mismo día que se aprobó la LOE, a quienno se le ocurrió otra cosa que pensar que hacía falta un nuevo catálogo de títulos".

Su sucesora, prosiguió, para no correr "el mismo riesgo, decide suprimir el catálogo de títulos: muerto el perro, se acabó la rabia", con lo que cada universidad determinará sus títulos, y pueden llegar a registrarse "miles" de titulaciones.

Por último, reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el "bochornoso" anuncio realizado ayer en el Congreso, en una respuesta al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, sobre su intención de retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de universidades catalana.

Advirtió al Ejecutivo de que, "por un simple mercadeo de votos", no se puede "privar al guardián de la Constitución que se pronuncie cuando hay dudas legítimas de la constitucionalidad de una ley", que es lo que pretendía el Gobierno popular cuando presentó este recurso.

La portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Mercè Pigem, recalcó que su grupo "se felicita" de que el Gobierno haya tomado la decisión de retirar un recurso planteado por el Gobierno de José María Aznar, y agradeció la voluntad de consenso expresada por la ministra.

Pigem subrayó que la retirada de este recurso "ha sido unacondición, una petición y una reivindicación constante en defensa de las competencias Gobierno catalán.

COYUNTURA POLÍTICA

La diputada de ERC Laia Cañigueral se felicitó también de que el Gobierno retire el recurso contra la ley universitaria aprobada por el Parlamento catalán, pero lamentó que "la constitucionalidad o no de una ley vaya en función de la coyuntura política".

Recordó que la Generalitat catalana lleva tres años solicitando la retirada de este recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que demuestra "la poca consideración que tiene el Gobierno español por una institución como el Gobierno catalán.

Carme García, portavoz de Educación de IU-ICV, anunció que su grupo defenderá 55 enmiendas para mejorar este proyecto, que tiene aún defectos como una excesiva "ansia reglamentista", a lo que se suma que "trasluce una desconfianza del Gobierno hacia la universidad pública", lo que "pone en duda el propio sistema".

El PNV, a través de su portavoz en esta comisión, Aitor Esteban, expresó también su rechazo a la enmienda a la totalidad, si bien recalcó que hay muchos aspectos que mejorar, igual que el portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, quien lamentó la "tradición" de que cada nuevo Gobierno reforme las leyes educativas.