En su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Corbacho fue preguntado por el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, sobre las medidas que el Gobierno plantea para evitar que en provincias como Huelva, con un 15,3% de desempleo, se recurra a mano de obra extranjera ya que los parados no aceptan trabajos en actividades como la recolección intensiva.

Olabarría preguntó al ministro si el Gobierno va a plantear "mecanismos de evaluación" para asegurar que "las personas desempleadas aceptan verdaderamente" los trabajos que se ofertan o "si va a mantener la laxitud" actual.

En este sentido, Corbacho afirmó que éste es "un tema que deberá formar parte del diálogo social" y que "parece razonable" que se encuadre en la reforma de los servicios públicos de empleo.

No obstante, el ministro rehusó dar más datos sobre la agenda y los temas que compondrán el diálogo social durante esta legislatura y que se está negociando con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Así, afirmó que, "por responsabilidad y lealtad" con los agentes sociales, no puede dar detalles.

En su comparecencia a petición del PNV, ERC e IU-ICV, el ministro subrayó que, como en la pasada legislatura, "ahora como entonces" el diálogo social es "el instrumento más eficaz para favorecer la competitividad, el empleo estable y la cohesión social", por lo que se mostró esperanzado en lograr "un gran acuerdo de concertación social" entre el Gobierno y los agentes sociales.

Con este fin comenzó de forma oficial el pasado 18 de junio el proceso de diálogo social que, según se comprometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería acabar con una hoja de ruta antes de que acabe el mes.

Para ello los representantes de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y del Gobierno llevan varias semanas reuniéndose con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

"Trabajamos con la premisa esencial de alcanzar acuerdos viables y eficaces, y sabemos que la situación no admite demoras, la sociedad no lo entendería", dijo Corbacho, quien no obstante añadió que "este trabajo debe ser discreto y sin 'apriorismos'".

"Por eso, por responsabilidad y lealtad en la negociación, no me es posible ahora plantear fuera de la mesa de negociación los temas que estamos abordando", subrayó.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

El ministro reiteró las medidas que el Ejecutivo ya ha aprobado e, incluso, se refirió a las tomadas durante la pasada legislatura, en la que, según aseguró, se vivió "el periodo de diálogo social más fructífero de nuestra historia", con la firma de más de 20 acuerdos con los interlocutores sociales.

También hizo referencia al refuerzo de los servicios públicos de empleo de cara al incremento del número de parados, para lo que el Ejecutivo ha previsto la contratación de un total de 1.415 nuevos efectivos que entrarán en el antiguo INEM entre julio y septiembre, y de los que 866 lo harán "de forma inmediata".

Asimismo, dentro el proceso de modernización de los servicios de empleo, el ministro recordó el compromiso del Gobierno en potenciar un funcionamiento en red de las oficinas autonómicas y estatales, con la creación de un nuevo portal en Internet que permita a las personas que buscan un trabajo consultar todas las ofertas disponibles.

Corbacho hizo hincapié en el Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, que supondrá el reforzamiento de las oficinas de empleo con 1.500 orientadores para ayudar a los desempleados a encontrar un nuevo trabajo.

En este sentido, el ministro admitió que la crisis económica es "más profunda y más negativa de lo que todas los indicadores hacían preveer incluso en los últimos meses", pero reiteró que no hay que ser alarmistas.

Sobre los servicios públicos de empleo, Corbacho admitió que no tenemos "los mejores del mundo, ni de Europa", pero afirmó que "tampoco se puede decir que la culpa la tiene el Gobierno", ya que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia sobre las políticas activas de empleo.

En cuanto a la posibilidad de que los servicios de empleo deban recurrir a un crédito para hacer frente al pago de las prestaciones ante el incremento del paro, Corbacho aseguró que con el superávit actual de los SPE "no habrá ningún problema para atender las necesidades".

"Y si llega un momento en que las cuotas que se pagan para cubrir el desempleo no son suficiente, simple y llanamente el estado tendrá que hacer las aportaciones necesarias, y si eso es déficit, es déficit", enfatizó.

EL PARTIDO DEL PARO

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión, José Ignacio Echániz, acusó al PSOE de ser "el partido del paro" y al Gobierno de ser "absolutamente ineficaz" para mejorar la situación de la economía.

En este sentido, Echániz pidió al Ejecutivo "que no mienta, que se remangue y se ponga a trabajar" y también que "deje de lado proyectos nimios y se preocupe de los problemas reales de los ciudadanos".

En cuanto al refuerzo de los servicios públicos de empleo, Echániz acusó al Gobierno de no haber cumplido con los acuerdos alcanzados con los agentes sociales en la reforma laboral de 2006, que, en su opinión, han caído "en saco roto".

Así, pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "salga de su insensato optimismo", ya que se ha convertido en el "campeón europeo del paro y de la 'champions league' de los gobernantes que llevan a su país a la deriva".

Corbacho contestó a Echániz asegurando que las "culpas" de la situación del desempleo se deberían repartir al 50% entre el Gobierno central y los autonómicos, ya que son éstos los que tienen las competencias sobre las políticas activas de empleo. "Hoy en día las cosas están muy repartidas, para lo bueno y para lo malo", afirmó.

"En este país, el que menos competencias tiene sobre políticas activas de empleo es el ministro de Trabajo", señaló, y añadió que es necesario evitar que haya "dos visiones del desempleado", una del Estado y otra de las comunidades.

Por último, respondió a las críticas de Echániz afirmando que, si gobernara el PP, en la situación actual "usted haría un decretazo para la congelación salarial, rebajaría el estado del bienestar y vendería el patrimonio del estado para dedicarlo a privatizar diversas cuestiones".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, criticó al Ejecutivo ya que considera que "buena parte" de las medidas anunciadas para afrontar la crisis "estaban ya previstas", por lo que emplazó al Gobierno "a adoptar nuevas medidas".

No obstante, subrayó la "importancia" del anuncio del Gobierno de que no tomará medidas sin acuerdo con los agentes sociales.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, aseguró que el plan de recolocación de parados aprobado por el Gobierno, "siendo bien intencionado, es insuficiente frente a la magnitud del problema".

En este sentido, propuso varias líneas de actuación como "apostar muy claramente por la colaboración con el sector privado" para estas recolocaciones, "avanzar en una nueva reforma del mercado de trabajo, o "apostar" por los autónomos, entre otras.

Asimismo, el portavoz del PSOE, Jesús Membrado, afirmó que "seguro que el Gobierno tendrá alguna responsabilidad" sobre la situación actual de la economía, "pero no es el causante", aseveró, y advirtió al PP de que "con ese discurso no llegamos a ninguna parte".