El Gobierno considera que el decreto contiene algunas disposiciones que vulneran la Constitución, la Ley de Televisión Local de 1995 y la Ley General de Telecomunicaciones de 1998.

Según el Ejecutivo, la normativa que aprobó la Junta de Castilla-La Mancha el pasado 21 de marzo contiene tres aspectos que vulneran las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación.

El primero de los aspectos recurridos serefiere a la existencia en el decreto de Castilla-La Mancha de condiciones para la concesión de la gestión de emisoras de televisión por ondas terrestres, cuando la Ley General de Telecomunicaciones y la que regula el servicio de televisión local por ondas terrestres atribuyen al Estado la inspección y comprobación técnicas de las emisoras, los equipos y los aparatos e instalaciones.

El segundo precepto que cita el Gobierno hace alusión al régimen sancionador, ya que el decreto remite a la Ley Generalde Telecomunicaciones, que expresamente excluye en su capítulo de sanciones e infracciones a las materias audiovisuales.

Finalmente, el Consejo de Ministros impugna la previsión de que puedan seguir emitiendo aquellas emisoras que estuviesen en funcionamiento con anterioridad a la vigencia del propio decreto, por entender que vulnera la norma básica estatal de televisiones loclaes, que fija el 1 de enero de 1995 como la fecha que marca el régimen transitorio.