Inicialmente, se había fijado una próxima sesión de control para la semana inmediatamente posterior a las elecciones del 28-M, pero el adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 29 de mayo provocó la disolución de las Cortes, de manera que desde entonces el Ejecutivo no ha rendido cuenta ante las Cortes.

Fuentes socialista aluden a que, en estos meses, se han producido las elecciones generales el 23 de julio, la posterior constitución de las Cortes el 17 de agosto y la investidura que resultó fallida de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno. Ahora, sostienen, es el “momento” de la negociación para la investidura de Sánchez como jefe del Ejecutivo después del encargo del Rey el pasado 3 de octubre.

Exponen el calendario trascurrido para evidenciar que el Ejecutivo en funciones no rinde cuentas en el Congreso porque aun no hay un Gobierno pero que sí se está intentando, para diferenciarlo de los 10 meses que estuvo en 2016 el Ejecutivo presidido por el popular Mariano Rajoy sin acudir a las sesiones de control.

Entonces, el PSOE en la oposición liderado por Pedro Sánchez recurrió la postura del Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional y en la sentencia conocida en noviembre de 2018 falló por unanimidad que un Ejecutivo en funciones -como lo estuvo el de Mariano Rajoy durante 10 meses- puede ser controlado por el Parlamento.

La diferencia de entonces con la situación actual, según los socialistas, es que Rajoy se negó tras las elecciones a someterse a una investidura y, por tanto, no había intención de formar un nuevo Gobierno, como sí ocurre ahora.

Además, en las filas socialista consideran “injusta” la presión que el PP está proyectando sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, tampoco el presidente, Pedro Rollán, ha impulsado la celebración de sesiones plenarias ni de control al Ejecutivo.

PARÁLISIS

Desde el PP ven "injustificable la parálisis institucional" de la Cámara Baja con Armengol como presidenta y alegan que "el Congreso no se cierra ni en guerra" y no puede estar "al servicio" del jefe del Ejecutivo en funciones y líder del PSOE.

En las filas populares muestran indignación ante lo que tildan de "secuestro" del Congreso de los Diputados y se pronuncian con especial dureza contra Armengol por no fijar la fecha de investidura de Sánchez en lo que sería darle, dicen, una suerte de "ventaja" de cara a sus negociaciones.

En concreto, sobre los Plenos de control al Gobierno, el PP ya exigió el pasado 6 de octubre a la presidenta del Congreso de los Diputados realizar todas las actuaciones necesarias para que “de manera inmediata” esta función se retome en la Cámara Baja.

En un escrito dirigido a la Mesa del Congreso y rubricado por la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, se recordó que transcurridos dos meses de la constitución de la Cámara, en esta XV legislatura no se ha impulsado desde la Mesa ninguna sesión de control al Gobierno.

En concreto, el PP pide que desde la Presidencia y la Mesa del Congreso “se realicen todas las actuaciones necesarias para que de manera inmediata las Cortes Generales puedan ejercer la función de control al Gobierno que le atribuye expresamente el artículo 66.2 de la Constitución española”.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo argumenta que “el menoscabo de dicha función parlamentaria implica también la limitación del derecho de participación ciudadana (artículo 23 de la Constitución), tal y como reconoce el Tribunal Constitucional”.

En este sentido, pide “que se dé cumplimiento efectivo a las funciones de organización del Congreso recogidas en el Título III del Reglamento y que desde la Mesa se admita y ordene la tramitación de las iniciativas de control e información, como preguntas para respuesta oral en Pleno, interpelaciones o comparecencias que puedan plantearse”.

El PP reconoce que, “habitualmente, el convencimiento de una investidura próxima llevaba a las Cortes a posponer el ejercicio del control de la acción del Gobierno y se ampliaban los plazos respecto de las iniciativas que se trasladaban” al Ejecutivo. No obstante, recalca que “esta práctica cambió en la XI legislatura”.

La formación de Feijóo se queja de que tampoco se ha fijado desde la Presidencia del Congreso fecha para celebrar el próximo debate de investidura, “por lo que seguimos sin tener la fundada certeza de dar próximo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, que pudiera justificar posponer el ejercicio de control al Gobierno que confiere el artículo 66” de la Carta Magna.

Además, la formación ganadora de las pasadas elecciones generales argumenta que el ejercicio de control a un Gobierno en funciones “ha sido avalado por el propio Tribunal Constitucional”, en su sentencia 124/2018, de 14 de noviembre de 2018.

El Alto Tribunal, recalca el partido, advierte de que “la función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario que establece el artículo 1.3 de la Constitución, no pudiendo negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en la Constitución”.

En este sentido, el PP se remite al criterio del tribunal por el cual “el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes Generales conforme a los artículos 1 y 66 de la Constitución, sin perjuicio de que la función de control habrá de adecuarse a la propia situación” del Ejecutivo en funciones.