El decreto aprobado hoy permite que cualquier empresa pueda realizar por si misma o contratándolo con terceros debidamente autorizados, el servicio de telefonía vocal entre sus diferentes centros de trabajo, bien con infraesructura propia o con la de una red de comunicaciones ajena a la compañía.

La norma aprobada define los núcleos cerrados de usuarios como la persona física o jurídica que utilice el servicio para si mismo, las agrupaciones formadas por una administración pública y las administraciones dependientes de ella, las entidades sin ánimo de lucro en las telecomunicaciones que desarrollen estas redes para sus actividades y las empresas con sus filiales, empleados que trabajan fuera de la sede social, principale proveedores y clientes, entre otros.

Asimismo, Telefónica podrá seguir prestando estos servicios durante seis meses desde la entrada en vigor del real decreto, al amparo de lo dispuesto en el contrato de esta compañía con el Estado, pero antes de que finalice deberá solicitar la autorización correspondiente para seguir operando en estos servicios.

Este paso para Telefónica le obligará, según exige el decreto, a realizar con este negocio una contabilidad separada del resto de actividades de la copañía, ajustándose al principio de neutralidad, transparencia y no discriminación.