El ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, explicó, en la rueda de prensa posterior al Conejo de Ministros, que esta medida repercutirá en una "reducción de precios" tanto para los ciudadanos como para las empresas.

Esta normativa supone en términos generales una flexibilización de las normas de explotación del sector, aunque siempre co el compromiso expreso de restauración del medio ambiente en aquellos casos en los que éste resulte alterado.

Así, se elimina la autorización administrativa para comercializar los productos petrolíferos. De esta manera, la instalación de una estación de servicio sólo requirirá obtener los pertinentes permisos municipales y el respeto de la normativa de seguridad.

También se acaba con el monopolio del suministro del butano y el propano, que a partir de ahora se podrán distribuir, por ejemplo, en gsolineras e hipermercados.

INTERVENCION

El proyecto de ley establece libertad de precios para estos dos combustibles, si bien se reserva la posibilidad de que el Estado intervenga mientras que no haya condiciones de auténtica competencia.

También se liberaliza el acceso a la red de oleoductos y gaseoductos, aunque el Estado podría fijar el pago de peajes en caso de que se produjeran abusos por parte de los operadores.

Además, se crea la figura del cliente o consumidor cualificado, el cual endrá derecho a tarifas más bajas a cambio de un determinado nivel de consumo que se irá reduciendo con el tiempo.

Un nuevo organismo, la Comisión Nacional de Energía, sustituirá a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Sus funciones serán defender los intereses de los consumidores y velar por la existencia de competencia y transparencia en el sector.