El decreto incorpora cambios legales que permiten adaptar este segmento del mercado de las telecomunicaciones a las nuevas condiciones de competencia, y en concreto se acomoda a la próxima entrada en el mercado de un segundo operador de telefonía básica, Retevisión, y de las entidades que resulten adjudicatarias de los concursos de cable.

El decreto permite a cualquiera de ls operadores -Telefónica, Retevisión y operadores de cable- instalar postes y cabinas en la vía pública en régimen de competencia y en igualdad de oportunidades. Pero ello no excluye al operador principal, es decir, Telefónica, de la obligación de extensión que tiene con respecto al servicio universal telefónico.

Entre las modificaciones introducidas figura la obligación de suscribir un contrato visado por el Ministerio de Fomento con una operadora telefónica para instalar un punto de terminación de rd en un local público.

Desde todos los teléfonos se podrán hacer llamadas gratuitas al número único de emergencia europeo 112, de próxima implantación, y tanto los operadores como las personas físicas o jurídicas que exploten equipos terminales excluidos del servicio telefónico básico deberán mostrar toda la información sobre el equipo y los precios.

No obstante, el decreto incorpora una cláusula transitoria en la que mantiene para Telefónica de España la obligación de crear y mantener los teléfoos públicos de pago precisos para satisfacer las necesidades razonables de los usuarios, tanto en número como en cobertura, hasta la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones.