Con este cambio estatutario en Renfe, el departamento dirigido por José Borrell dá el primer paso en firme para cumplir las condiciones europeas de liberalización del transporte férreo, cuya directiva imponía ya en 1991 la necesidad de separar la gestión y explotación del servicio de la infraestructura el Estado.

Este acuerdo deja vía libre a las negociaciones entre el Estado y Renfe para fijar las condiciones en las que la compañía tendrá que hacer uso de esa infraestructura, probablemente mediante la fijación de un "cánon" de uso, que será extensible a otros operadores futuros en caso de plena competencia.

Dicho acuerdo, que deberá recogerse en un contrato-programa con el Estado, permitirá a Renfe reembolsar definitivamente la deuda millonaria que soporta por adelantar el pago de inversiones n infraestructuras públicas.

Las últimas estimaciones realizadas por la dirección financiera de la compañía sitúan la deuda en 1,061 billones de pesetas, a los que se sumarán otros 85.000 millones en 1994. La mitad de este dinero, explicaron a Servimedia, corresponde a los pagos de infraestructura pública realizados por la compañía y que debían haber sido reembolsados por el Estado, unos 500.000 millones de pesetas.

La separación formal entre explotación del servicio y la vía, es una de las aspirciones tradicionales del equipo que dirige Mercé Sala, cuya empresa seguirá estando al márgen del Estado, pero con la delegación directa de gestionar servicios ferroviarios considerados de interés público.

La normativa comunitaria obliga también a garantizar el libre acceso a esa infraestructura ferroviaria, y sanear las compañías que hasta ahora han funcionado en régimen de monopolio, para seguir operando en el nuevo marco de libre competencia de la Unión Europea.