El CERMI, acogiéndose a la posibilidad de plantear demandas al Gobierno a través del Congreso de los Diputados, solicitó un debate parlamentario sobre este asunto.

En concreto, el CERMI denunciaba la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea para el grupo de personas con discapacidad.

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha respondido a esta petición en un escrito de dos páginas al que tuvo acceso Servimedia.

Recuerda el Ejecutivo que esa ley pretende garantizar la seguridad y el uso de servicios de transporte aéreo "por determinadas categorías de usuarios especialmente vulnerables como las personas con discapacidad o de edad avanzada".

Esa norma regula el Consejo Asesor de Aviación Civil, en el que prevé la representación de organizaciones de personas con discapacidad.

ESTUDIOS AVANZADOS

La norma dio un plazo de un año desde su entrada en vigor para regular los requisitos de las aeronaves y demás entorno del transporte aéreo para "garantizar la seguridad y acceso de los pasajeros y usuarios que, por motivos de discapacidad o edad, presenten limitaciones de movilidad o comunicación".

"Dicha regulación", precisaba, "se inspirará en los principios de no discriminación, compensación de desventajas, acceso universal y diseño para todos, incorporando las reglas y recomendaciones adoptadas por los organismos internacionales en dicha materia".

El Gobierno considera que esos principios son coherentes con los recogidos en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En virtud de esa ley, recuerda el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales propuso al de Fomento la creación de un grupo de trabajo conjunto para llevar a cabo los estudios de las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en los medios de transporte en general.