Alegría declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PP exhibe en Canarias, Ceuta y Melilla un discurso “muy distinto del que mantiene en otras comunidades autónomas” debido, “muy probablemente, a los envites y amenazas continuas de Vox”.

Por ello, dijo que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo tiene “una oportunidad magnífica de romper con la ultraderecha”, con quien gobierna en cinco comunidades y 150 ayuntamientos, sostuvo. “Si toma buena nota, además, de lo ocurrido en Francia, Feijoo verá que es el momento de romper con Vox”, insistió la portavoz del Gobierno.

De cara a la conferencia sectorial que mañana se celebrará en Tenerife y ante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que se debatirá en ese encuentro, Alegría exigió al PP “un ejercicio de responsabilidad, solidaridad, humanidad y de derechos humanos”.

“Estamos hablando de una cuestión de niños y niñas que están solos y que son una población vulnerable, en la que prima la condición de menores por encima de la de migrantes”, subrayó.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaró en la rueda de prensa que en la conferencia sectorial se explicará de nuevo a las comunidades autónomas “la modificación legislativa acordada entre el Ejecutivo central y Canarias para que el reparto de menores resulte vinculante y, por tanto, mucho más ágil y eficaz".

Con todo, prosiguió, “son los grupos parlamentarios los que “deberán respaldar esta iniciativa cuando llegue al Congreso y al Senado”. Según el ministro, las exigencias de Junts en materia de inmigración “no son asumibles”, y confirmó que, de momento, la formación catalana no apoya la propuesta.

“Lo que no nos cabe en la cabeza es que el PP se oponga”, afirmó, porque “se trata de una política de Estado que es justa, necesaria y basada en la solidaridad”. Torres reiteró que la iniciativa pactada entre el Ejecutivo y Coalición Canaria, que podrá tramitarse como proposición de ley o como decreto-ley, recoge menciones expresas sobre criterios para el reparto de menores y la asignación de fondos (población, renta, ocupación del sistema…). Destacó que la propuesta “incluye” también a Cataluña. “Son las 16 comunidades” más Canarias.

SOLIDARIDAD VINCULANTE

Para ejemplificar la saturación que soporta el sistema de protección en Canarias, Torres recordó que sus servicios atienden a unos 6.000 menores, cuando la población total del archipiélago es de 2,4 millones de habitantes, repartidos en ocho islas.

Si “esta presión” se extrapolase al conjunto del país, “hablaríamos de unos 240.000 menores atendidos”, puntualizó, cuando en toda España rondan los 15.000.

Explicó que en 2018 se acordó un reparto para aliviar la saturación en Andalucía mediante real decreto que “no funcionó”, y que los traslados desde Canarias, Ceuta y Melilla aprobados en sendas conferencias sectoriales en 2022 y 2023 tampoco resultaron efectivos. De Canarias apenas salieron 40 menores. Por eso, señaló, “hemos de recurrir a la solidaridad vinculante” y mostró su confianza en que, cuando la reforma legislativa llegue a las Cámaras dentro de unas semanas, los grupos den prueba de “solidaridad y humanidad”.

En el encuentro de mañana los consejeros no tendrán que votar sobre este punto, que “será informativo”. Sí deberán pronunciarse sobre el reparto de 20 millones de euros y a propósito de los criterios para la distribución de fondos.