El Gobierno considera que este tributo "no se ajusta" a la doctrina del Tribunal Constitucional ya que grava directamente el ejercicio de las actividades comerciales realizadas en estas superficies, unas actividades que no generan por sí mismas daños medioambientales.

Además, el Ejecutivo entiende que no existe una relación directa entre el tributo planteado y la realización de una política pública sectorial.