Pérez Rubalcaba explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que existe una "urgencia evidente" para alcanzar un acuerdo consensuado, ya que de lo contrario los ciudadanos pueden llegar a poner en cuestión el propio funcionamiento de algunas instituciones.

En su opinión, este hecho requiere afrontar con prontitud la provisión de vacantes en los órganos constiucionales, estableciendo un calendario de negociaciones basado en ese criterio de "urgencia institucional" y e el grado de consenso alcanzado ya con algunos grupos.

Añadió que la voluntad del Gobierno es la de negociar con todos los partidos, aunque admitió que las posiciones de CiU, PNV, IU y CC son más próximas al Gobierno que las del PP.

Sobre la posición de este último partido respecto al consejo de administración de RTVE (lo que supone una situación de bloqueo), dijo que no es razonable que en las negociaciones del "impulso democrático" se condicionen unos temas a otros, porque eso no responde al esíritu constitucional y de las leyes.

Respecto a las divergencias surgidas esta semana entre los ministros de Defensa y Justicia acerca del endurecimiento de la Ley de Objeción y la gestión de la Prestación Social Sustitutoria (PSS), Pérez Rubalcaba puso de relieve que en la agenda del Gobierno de las próximas semanas no está prevista la modificación de la actual normativa.

PLAN CONJUNTO

En cambio, anunció que en la próxima reunión del Consejo de Ministros García Vargas y Belloch presentarán un lan conjunto y específico sobre la PSS, "que ciertamente", apostilló, "tiene que tener una revisión para establecer una igualdad entre los jóvenes que optan por el servicio militar y por la PSS, ya que ambas deberían funcionar razonablemente".

Igualmente, Pérez Rubalcaba criticó al líder del PP por afirmar que España está negociando mal el proceso de ampliación de la Unión Europea. A su juicio, las manifestaciones de José María Aznar "no ayudan" a la posición española en la negociación, que es la de "poyar la ampliación, pero en las condiciones adecuadas".

"Este estado de ánimo respecto a la firmeza, a la seriedad y al rigor de las posiciones españolas en esta discusión, algunas opiniones se vierten a veces con demasiada alegría y están más pensadas en la situación interna de España que en la defensa dde los intereses generales del país", indicó.

El ministro fue preguntado por las declaraciones del juez Marino Barbero sobre la corrupción y fue tajante al afirmar: "No hay ningún comentario quehacer. El Gobierno no ha estudiado esas declaraciones ni tiene nada que comentar a las mismas. No acostumbra (el Ejecutivo) a comentar las sentencias de los jueces y tampoco sus declaraciones y sus conferencias".

Respecto a la solicitud de extradición de Ignacio Aracama Mendia acordada en el Consejo de Ministros de hoy, explicó que "es una extradición que ha sido solicitada por la Audiencia Nacional, y que constituye la segunda y la tercera ampliación de una extradición ya solicitada, que se refuerza ediante alegaciones que tienen que ver con nuevos delitos que se imputan al acusado".

El ministro subrayó que este hecho ni guarda ninguna relación con posibles modificaciones del Gobierno en relación con la política antiterrorista.

En cuanto a la detección de una red de escuchas que espiaba a directivos de la editorial Anaya, noticia de la que hoy dio cuenta el diario "El País", el titular de Presidencia señaló que el Gabinete no hizo ninguna reflexión en relación con este asunto.

Añadió qu la posición del Ejecutivo al respecto es conocida y tiene dos líneas de actuación: endurecer las penas para este tipo de delitos previstas en el Código Penal y reforzar los controles que desde Telefónica se realizan sobre estas escuchas.

Respecto a la polémica circular del fiscal general del Estado sobre la expulsión de extranjeros ilegales con acusados de delitos menores, Pérez Rubalcaba señaló que Eligio Hernández sólo se ha limitado a recordar a los jueces las posibilidades legales que tienen a sualcance a la hora de aplicar la Ley de Extranjería.