En 1991 las autoridades españolas devolvieron a 1.614 personasprocedentes de países del norte de Africa y expulsaron a otras 897, la mayoría de ellas de nacionalidad marroquí, según una respuesta parlamentaria del Gobierno.

Cuando la devolución no se puede efectuar de forma inmediata, es preciso recurrir al expediente de expulsión, durante cuya tramitación los inmigrantes no deben permanecer en centros penitenciarios, según establece la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio.

La provincia de Cádiz devolvió a 1.072 y expulsó a 165, Almería a 370 y 35, respectivamete; Córdoba a 18 y 4, Granada a 153 y 8, Sevilla a 1 y 260, Jaén expulsó a 15, Huelva a 30 y Málaga a 380.

Sin embargo, el Ejecutivo asegura en una respuesta remitida al senador del PSOE Rafael Román que "el sistema de exigencia de visados viene funcionando, en general, sin mayores contratiempos, y ha sido evaluado positivamente, incluso por la parte marroquí".

Asimismo, argumenta que la apertura del procedimiento de regularización de trabajadores extranjeros en España pudo provocar, inicialmente un incremento en el número de extranjeros que intentaron llegar ilegalmente a nuestro país para acreditar que residían aquí desde antes del 15 de mayo, fecha de inicio de la exigencia de visado.

De los primeros 100.000 permisos de regularización, 40.238 correspondieron a ciudadanos marroquíes y 2.699 a personas naturales de Argelia.