Así, lanzó “la mano tendida” del Ejecutivo a todos los partidos por parte del director del Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para exponer los informes de 2022 y 2023 ya conocidos.

López interpeló a “todos” los grupos parlamentario y ensalzó que el Ejecutivo tiene “toda la voluntad” de llevar a cabo esta nueva ley. “Quiero reiterar una petición a los grupos parlamentarios para que renovemos la Ley de Seguridad Nacional en esta legislatura ante las nuevas oportunidades y amenazas que han surgido desde la aprobación de la anterior ley en el año 2015”, señaló.

Tras las palabras de López, el portavoz del PP en esta Comisión, Rafael Hernando, se ofreció a hacerlo, pero “con un consenso de verdad”, y reprochó al Gobierno que haga una apelación a un acuerdo porque la Seguridad Nacional es una cuestión de Estado cuando, dijo, están cambiando la política exterior de manera “unilateral” y no hablan con “nadie” de la Cámara al respecto a la hora de tomar decisiones.

“La seguridad nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad derechos y bienestar de los ciudadanos y a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, lo dice la ley y eso se va a mantener” pese a la “acción de este Ejecutivo usado “por mantenerse en el poder”.

Según Hernando, “por mantenerse en el poder, tras haber perdido las elecciones sumando mayorías artificiales”, el Gobierno que lidera Sánchez ha quebrado “principios básicos como el de la igualdad ante la ley y el respeto a las decisiones judiciales o el estado de derecho”.

En la pasada legislatura, relató el portavoz del PP, “promulgaron indultos que vulneran el procedimiento, rebajaron penas por malversación para delitos de corrupción porque se lo pedían sus socios, realizaron pactos con quienes siguen ensalzando y homenajeando a terroristas incluso llevándoles en sus listas en las elecciones municipales del año 23, y ahora han sacado este trampantojo de la amnistía que, hasta antes de las elecciones, defendían que era claramente inconstitucional y ahora se atreven a decir que no lo es”.

A su juicio, la ley de amnistía impulsada por el PSOE y que aprobó el Congreso y ahora está tramitándose en el Senado es “claramente inconstitucional” por la “sencilla razón” de que fue un “debatido por los padres de la Constitución y las Cortes Constituyentes determinaron que la amnistía no entraba en la Constitución”. “Fue un asunto debatido y expresamente rechazado por las Cortes Generales y por el pueblo español”, sentenció.

Así las cosas, el portavoz del PP aseveró que “la Seguridad Nacional ha sido suplantada por un nuevo concepto, el de la seguridad personal de Pedro Sánchez para seguir en el poder al precio que sea. Es decir, votos por impunidad y eso es una corrupción clara del sistema y un fraude al sistema”.

Además de esta cuestión, Hernando reprochó entre otras cosas al Gobierno, la situación de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar así como la relación de España con Marruecos y Argelia, aspecto que también compartió después el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quién llegó a decir que Sánchez acomete una política de “sumisión” ante Marruecos

Desde Vox, su portavoz defendió que la “principal amenaza” sobre la seguridad nacional es “el propio gobierno”. “Un gobierno al que solo le importa lograr que el señor Sánchez se mantenga en el poder y que subordina toda su actuación es en fin”, aseveró.

Para Gil Lázaro, el de Sánchez es un “gobierno cuya subsistencia depende de partido separatistas que se sienten absolutamente ajenos a España y que incluso para la ejecución de algunos de sus planes han llegado a mantener contactos con el espionaje ruso” y cuenta con “ministros comunistas, con un discurso contrario a los intereses estratégicos de Occidente ya las políticas de seguridad y defensa que España ha de asumir en el marco de la OTAN”.

Así mismo, denunció que el actual es un “Gobierno cuya actuación pone en riesgo, la unidad de la nación la soberanía nacional la igualdad ante la ley, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la independencia judicial, la pluralidad ideológica, la convivencia y la concordia entre españoles” y que además “miente” porque no tiene en cuenta el impacto creciente, a su juicio, de la “inmigración ilegal” por el “efecto llamada” tras la políticas del Gobierno.