Eguiagaray formuló esta advertenciaen una reunión celebrada en Madrid por el Consejo Superior de la Función Pública (CSFP) en el que están representadas las comunidadesaautónomas, las corporaciones locales y los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF, ELA-STV, y CIGA.

Los sindicatos, por su parte, aseguraron que las autonomías y los ayuntamientos sólo están obligados a acatar la subida fijada por el Gobierno central en lo que se refiere a las retribuciones básicas, pero no a las complementarias, que pueden suponer hasta la mitad del salario. Al término de la reunión, Eguiagaray afirmó que el poder adquisitivo de los funcionarios no depende de la cláusula de revisión salarial y que el mantenimiento de ésta para el 93, como pedían os sindicatos, habría tenido efectos negativos en una situación de recesión económica.

Por otra parte, los sindicatos no consiguieron hacer aprobar una resolución en la que solicitaban al CSFP que reclamase al Gobierno "una más decidida actuación a la hora de prestigiar a los empleados públicos".

La resoluión pedía al Gobierno que combatiese "la idea de que el empleado público es un empleado improductivo, que además se halla bien pagado y goza de estabilidad en su puesto de trabajo".

Santiago Nives, de UGT, declaró que el Gobierno también se negó a aceptar la petición sindical de que el dinero ahorrado por las dos huelgas en la función pública se destinase a la Unicef.

Jose Luis Manzanares, de CSIF, añadió que "lo mejor que puede hacer Eguiagaray es marcharse a su casa".

Según los sindicatos,las adminitraciones públicas españolas tienen un número de empleados inferior al de los países de nuestro entorno, son más productivos que sus homólogos europeos y tienen una estabilidad en el puesto de trabajo "equiparable a la de cualquier trabajador con contrato indefinido".