En el texto remitido a la diputada de IU Isaura Navarro, el Ejecutivo asegura que la aplicación de esos acuerdos "no se pueden calificar de privilegios" ya que emanan de un acuerdo ratificado en su día por el Parlamento.

Recuerda, asimismo, que la aportación del Estado a la Iglesia católica tiene base en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, por el que "el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostemiento económico".

Se estableció así un sistema de participación en el rendimiento impositivo "de modo que proporcione recursos de cuantía similar" a los recibidos anteriormente.

A partir de 1988 se fijó que la cuota de participación en el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sería del 0,52 por ciento expresado voluntariamente por cada contribuyente.

El resultado de la aplicación de esta norma resultó desde el principio inferior a lo previsto y pactado, por lo que el Estado ha venido completando esa cantidad, tal y como prevé el artículo II.2 "actualizándola anulamente".

También en respuesta a una pregunta de Navarro, el Gobierno indica que no es posible "fiscalizar ni controlar" el número de seguidores de la Iglesia Católica, porque eso entraría en contradicción con "el derecho de los individuos a no declarar sus creencias" que establece la Constitución.