En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó la "preocupación" por las informaciones que se han ido conociendo, que de confirmarse supondrían "una vulneración muy seria de derechos fundamentales de la ciudadanía".

En opinión del Gobierno, son los responsables de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid quienes deben explicar lo sucedido a los ciudadanos en función de su "contrato" con quienes les han elegido en las urnas.

Los hechos, dijo, "se han producido donde se han producido y están donde están", aseguró la vicepresidenta, y deben ser abordados por sus responsables con "responsabilidad" y con "escrupuloso respeto" a los fundamentos de la democracia.

"Es el PP el que tiene una deuda pendiente con los ciudadanos" y cuanto antes expliquen sus responsables lo sucedido, "antes saldarán esa deuda", sentenció.

Juzgó por ello "el colmo" que desde el PP traten de "desviar responsabilidades" mirando al Ministerio del Interior. "Los hechos están donde están y es ahí donde hay que mirar", reiteró.