Estas nuevas sociedades tendrán un régimen mixto, parte comunitario y parte nacional, y podrán crearse a partir de tres supuestos: fusiones de sociedades anónimas domiciliadas en distintos países de la UE, constitución de "holding" entre empresas de distintos miembros comunitarios o mediante la creación de filiales en otro Estado.

En este sentido, el proyecto de ley prevé que el Gobierno pueda intervenir y oponerse a la creación de estas sociedades europeas. La intervención del Gobierno podrá ocurrir cuando el cambio de territorio de la empresa española suponga un cambio en la legislación aplicable o por razones de interés público, o cuando el Ejecutivo no esté de acuerdo con la fusión de una sociedad anónima española en otro país de la UE.