Así lo aseguró la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior la reunión extraordinaria del Gobierno, en la que apuntó que ese presupuesto llegará al 3% en el marco del Pacto por la Ciencia, con apoyo de 80 entidades del ámbito privado.

Morant aseguró que la nueva normativa acabará con la situación de crisis de la ciencia española que ha sufrido la destrucción de "miles de plazas" en los últimos años, la "precariedad", el "envejecimiento", la "fuga" de talento y "un tapón de una generación de investigadores e investigadores". "Da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro" y salda "una deuda histórica", sentenció.

La nueva ley promueve la atracción de talento y la movilidad del personal investigador, por lo que los quinquenios evaluarán y reconocerán todos los méritos de investigación en España y en el extranjero, en el sector público y en las universidades públicas y privadas.

El texto también busca reducir la carga administrativa en el sistema público de ciencia, simplificar la justificación de ayudas, permitir la concesión directa de ayudas a proyectos ya evaluados positivamente, facilitar la contribución a programas internacionales. y reconocer e impulsar la transferencia de conocimiento.

Sobre este último punto, la Ley de Ciencia reconoce el sexenio de transferencia para investigadores, regula la compra pública de innovación y contempla establecer bancos de pruebas regulados de I+D+I.

El Gobierno destaca que, por primera vez, la Ley de Ciencia dará seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de la I+D+I, con planes de igualdad de género en ciencia, protocolos frente al acoso sexual y un distintivo de igualdad para centros de investigación, innovación y universidades.

El texto que elaboró el Ministerio de Ciencia e Innovación a partir del "consenso" con el sector, también crea la Agencia Española del Espacio.

CONTRATOS DE INVESTIGADORES

Morant también aclaró que los contratos de investigadores afectados por la entrada en vigor de la reforma laboral según el Ministerio de Hacienda "pueden acogerse a una disposición adicional que contemplaba la ley de 2011" por la que los centros de investigación pueden hacer esos contratos que pasarán a ser acordes a la Ley de Ciencia cuando ésta entre en vigor.

Para la ministra de Ciencia, la reforma laboral y su nueva ley "están alineadas en la lucha contra la precariedad" y permiten que desaparezcan los contratos de obra y servicio, que disolvían los grupos de investigación cada cuatro años y dejaban a los científicos sin trabajo. Además, añadió, "la Ley de Ciencia no consume tasa de reposición", zanjó.

Según datos del Ministerio de Morant, entre 2011 y 2016 se destruyeron 5.000 plazas de investigación. Con la nueva norma se podrá contratar a investigadores, con tasas de reposición del 120%, lo que significa que "por cada 10 que se jubilan se reponen 12", indicó Morant en una entrevista reciente a RNE recogida por Servimedia. De hecho, dijo, en la próxima década se espera que se jubilen 25.000 investigadores y el Gobierno promete "reponer 12.000 en tres años".