La normativa intenta promover un uso más generalizado de la firma electrónica como instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas y como dinamizador de la Administración y comercio electrónicos. Además, proporcionará seguridad a los ciudadanos y empresa en la tramitación electrónica de sus gestiones.

La firma electrónica permitirá solicitar y finalizar los trámites, a través de Internet, de becas, ayudas o subvenciones de los diferentes programas que gestiona la Administración. También permitirá completar el registro de patentes o marcas.

La norma apuesta por el desarrollo del comercio electrónico y de la Administración electrónica con medidas como la firma electrónica de las personas jurídicas, que podrá ser utilizada en múltiples aplicaciones como la emisión de facturas.

Para acercar más el concepto a todos los ciudadanos, se ha decidido denominar el nuevo sistema como "firma electrónica reconocida", para aclarar que se trata de un modelo que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita.

Además, supone el primer paso hacia el DNI electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito telemático, sentando las bases para la generalización de los instrumentosde firma electrónica en España.