Según el Ejecutivo, este anteproyecto es "complementario y congruente" con los planteamientos de impulso a la productividad planteados por el Gobierno, y supone un instrumento de apoyo a las políticas sociales y medioambientales desarrolladas por los poderes públicos.

Los principios que se desarrollan en este texto son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia.

"El anteproyecto implica una profunda modificación estructural del mercado de la contratación pública y realiza aportaciones directas a la flexibilidad y modernización de la economía en la línea marcada por el Programa Nacional de Reformas", subraya el informe.

Además, este anteproyecto persigue promover el empleo de colectivos de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, como discapacitados o mujeres.