A juicio del Ejecutivo, que también solicita al Alto Tribunal que suspenda la aplicación de los preceptos impugnados, el artculo 23 de la citada norma foral es inconstitucional al predeterminar la manera en que un órgano estatal, como es el Tribunal de Defensa de la Competencia, ha de ejercer sus competencias.

Asimismo, se consideran inconstitucionales los artículos 24, 40, 46, 50, y 72 de la Ley del Parlamento navarro, en la mayoría de los casos por no amoldarse a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, de 15 de enero de 1996.

En otro caso, el Gobierno entiende que no resulta lícito constitucionalmente que desdeuna norma autonómica se disponga el grado de aplicación de normas estatales.