Lo explicó la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

A raíz de la aprobación de esa directiva varios países de América Latina han expresado su malestar y algunos, como Venezuela, han amenazado incluso con tomar medidas contra los países que la respaldaron, entre los que está España.

"Hay que dar más información" sobre esa directiva, reconoció la vicepresidenta, para que los países interesados sepan, sobre todo, que su objetivo es establecer un "marco mínimo de garantías" de aplicación en los estados miembros que no las tenían.

Su contenido "no es aplicable a España" porque la legislación estatal tiene ya esas garantías incluso incrementadas, y no se va a renunciar a ellas.

La vicepresidenta aseguró que los países de América Latina apoyan y comparten la política de inmigración de España y se mostró por ello convencida de que ese esfuerzo diplomático permitirá que siga siendo así.

Lo mismo ocurre con las medidas que propone España, como el plan de retorno voluntario de inmigrantes desempleados a sus países de origen, que ya se probó como experiencia piloto con Ecuador "y es compartida".

El Gobierno insiste en que esas medidas son "ajustes" de la legislación sobre extranjería, no modificaciones de calado ya que se mantienen intactos los pilares básicos, es decir, inmigración legal y ordenada y lucha contra la ilegalidad, integración, y cooperación con países de origen y tránsito.

Se trata, reiteró la vicepresidenta, de ajustar esa legislación a la actual situación de menor crecimiento económico y creación de empleo pero sin alterar las líneas básicas de la política de inmigración.

La vicepresidenta aseguró que las organizaciones integradas en el Foro Social "se tranquilizaron" tras las explicaciones del ministro de Trabajo e Inmigracion, Celestino Corbacho, y lo mismo ocurrirá, auguró, con los países interesados.