El texto legal, que ha sido presentado por los ministerios de Medio Ambiente y Justicia, se remitirá a las Cortes para iniciar el trámite parlamentario.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó que esta ley servirá para "fortalecer el papel de la ciudadanía" en la defensa del medio ambiente. "Es un salto enorme en una modalidad de acción popular", dijo.

El texto mejora la información en materia ambiental, la participación de los ciudadanos y de las ONG y el acceso a la justicia, en la medida en que reconoce el derecho a impugnar las decisiones administrativas y cualquier decisión u omisión que vulnere la legislación ambiental, explicó Narbona.

Con este nuevo texto se incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus, que obliga a los estados firmantes a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental, y a la justicia en materia de medio ambiente.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Reespecto al acceso a la información medioambiental, el proyecto reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas e impone a las administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.

Entre los elementos más importantes, destaca la obligación de las autoridades públicas de proporcionar información con la mayor celeridad posible y, en todo caso, en unos plazos máximos de un mes, con carácter general, y de dos meses en el caso de que el asunto sea de gran complejidad. Además, se otorga un reconocimiento expreso a las ONG para participar como titulares de los intereses colectivos.

En lo que se refiere al acceso a la justicia, el texto reconoce el derecho del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren los derechos de información y participación, así como la regulación de la acción popular a favor de las ONG y de personas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines esté la defensa del medio ambiente, que podrán impugnar cualquier vulneración de ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública.

En relación a la acción popular, se establece que los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las administraciones públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente, podrán ser recurridas por personas jurídicas sin ánimo de lucro.

"Se trata", resumió Narbona, "de un avance de nuestro sistema democrático, que permitirá que los ciudadanos puedan intervenir activamente en los procesos públicos de toma de decisiones que afectan al medio ambiente y, por tanto, a su salud y a su calidad de vida".