Así lo señaló durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo conocidos este lunes, en la que analizó la situación del mercado de trabajo junto al secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, al ser preguntado sobre si la alta inflación actual podría llevar al Gobierno a no revalorizar las pensiones con el IPC, tal y como se estableció en la reforma de pensiones aprobada en 2021.

“Es algo que está en la ley”, subrayó Arroyo para garantizar que la revalorización de las pensiones se hará acorde al IPC, recordando también que la medida contó con “una gran mayoría parlamentaria”.

Por ello, afirmó que “los pensionistas pueden estar tranquilos” y apuntó que la alta inflación actual “no afecta a la sostenibilidad de las pensiones” porque la cuestión de la sostenibilidad tiene que ver con “horizontes de décadas” y no en cuál es el dato de un año.

AUTÓNOMOS

Por otra parte, preguntado por la negociación con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos de cara a la modificación del sistema de cotización de estos trabajadores, Arroyo garantizó que “en ningún caso” se llevará la iniciativa por un real decreto ley y que dar cumplimiento al acuerdo con los agentes sociales “conlleva negociaciones que a veces son más largas”.

Asimismo, Arroyo indicó que esta es “una reforma extraordinariamente compleja, la más compleja en el ámbito de la Seguridad Social”, porque “implica un cambio muy importante de un sistema que afecta a 3,5 millones de personas”, así como “un intercambio de datos masivos entre las distintas agencias tributarias y la Seguridad Social”.

A este respecto, preguntado sobre si el Ejecutivo se plantea retrasar la entrada en vigor del nuevo sistema, que prevé implantar en enero de 2023, el secretario de Estado recordó que el acuerdo con los agentes sociales “da un periodo transitorio de nueve años”, y que “lo que queda en la negociación es cuál tiene que ser el ritmo”, algo que, añadió, “depende de factores económicos y técnicos”, pero que, al existir ese periodo de transitoriedad “esto no va a empezar a aplicarse” inmediatamente.

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, preguntado sobre si el Ejecutivo prevé un aumento de los trabajadores en ERTE por la aplicación del plan de choque contra el impacto económico de la guerra de Ucrania, puso en valor que, “a diferencia con lo que sucedió con la crisis de la pandemia, el plan de choque va destinado a que se mantenga la actividad y evitar problemas donde están”, como las cadenas de suministro y en el valor de la energía”, de forma que “los ERTE no necesariamente tengan que ser la solución si se pueden abordar los problemas productivos” derivados del incremento de los precios energéticos.