Así se ha pronunciado este mediodía el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Angel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha dicho que el Ejecutivo valora "positivamete" el debate abierto sobre el endurecimiento legal para perseguir a quienes apoyan a la banda, pero ha eludido una opinión genérica al respecto.

Se ha limitado a recordar que el Gobierno prepara una Ley contra el vandalismo callejero, en colaboración con el Gobierno vasco, y que se va a intensificar la colaboración internacional para acabar cuanto antes con los posibles `santuarios' que les quedasen a los etarras.

Antes de iniciarse el turno de preguntas, el portavoz del Ejecutivo ha expresado l condolencia del gabinete y ha agradecido al Papa Juan Pablo II la condena de ETA que ha hecho esta mañana, en la entrega de credenciales del nuevo embajador de España ante El Vaticano.

"Es difícil, después de haber enterrado ayer a uno de los nuestros", ha afirmado Rodríguez en referencia al teniente coronel Jesús Cuesta, "pronunciar las palabras que voy a decir a continuación: la sociedad española debe saber y debe confiar en el Estado de Derecho y en la firmeza del Gobierno en la lucha contra los trroristas".

Los demócratas nos impondremos a los terroristas porque "somos más los que creemos en la paz y en la democracia". Cada vez los terroristas tienen menos "escondrijos" en los "países de nuestro entorno", afirmado, en referencia a Francia y últimamente Portugal. "Cada vez", ha apostillado, "se está deteniendo a más terroristas, desarticulando más comandos de pandillas de vándalos".

AMENAZAS "REPUGNANTES"

Ante la insistencia de las preguntas sobre la posibilidad de un endurecimiento legl, para evitar situaciones como la de un parlamentario de HB, Jaime Iribarren, augurando "sufrimiento inmediato" dos horas antes del asesinato del teniente coronel, Miguel Angel Rodríguez no ha querido aludir a "unas amenazas que producen repugnancia".

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado hoy el cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, y el portavoz no ha querido hacer más comentario que recordar que esa posibilidad de remoción está en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Pregutado si no cree el Gobierno que el principio de autoridad, argumento para cesar a Aranda, puede quedar `tocado' al trasladar primero al fiscal jefe y no a los fiscales expedientados, Rodríguez ha respondido que no hay "valoración política" del cese. El Ejecutivo simplemente lo ha "tramitado", en expresión del portavoz.