Así lo reconoció hoy en rueda de prensa el consejero portavoz de la Xunta de Galicia, Víctor Vázquez Portomeñe, quien dijo que el Ejecutivo que preside Manuel Fraga deea un parlamento más pragmático y menos ideológico y que esté reservado para las fuerzas con representación sólida en la sociedad.

Para ello, el Gobierno de Fraga prepara una modificación legal en esa comunidad autónoma que, entre otras medidas, prohíba a los diputados provinciales, alcaldes y concejales, ser elegidos como diputados en la Cámara autonómica, para lograr así que la dedicación de los parlamentarios "sea más exclusiva", explicó Vázquez Portomeñe.

Sin embargo, otras fuentes de la Xunt reconocen que nada puede impedir que los diputados autonómicos concurran a las elecciones municipales, reguladas por la Ley Electoral General, aunque luego tendrían que dimitir en caso de resultar elegidos.

El proyecto de reforma de la Ley Electoral Gallega, que será presentado por la Xunta el próximo mes de febrero, elevará del 3 al 5 por ciento el mínimo de votos necesarios para salir elegido diputado regional por una circunscripción y amplía los casos de incompatibilidad.

Vázquez Portomeñe dio comprender las protestas de las formaciones nacionalistas, que de este modo se verán excluidas del legislativo autonómico: "Respetamos su postura, pero pedimos que ellos respeten la nuestra", dijo, al tiempo que ponía como ejemplo el resto de autonomías españolas, en donde es necesario obtener un 5 por ciento de los votos para conseguir representación parlamentaria.

ENFRENTAMIENTOS

Los dirigentes del BNG, Xosé Manuel Beiras, y de EG, Camilo Nogueira, vienen manteniendo en esta legislatura fuertes nfrentamientos con el Ejecutivo de Fraga. El pasado 16 de enero el BNG propuso al resto de los partidos de oposición unir las fuerzas en una moción de censura contra Fraga.

Al conocer la propuesta, éste comentó: "Es de risa. Están tan lejos de la realidad que se les puede ocurrir cualquier cosa".

Por su parte, la oposición no nacionalista, tanto como la nacionalista, ven en esta reforma electoral una maniobra de Manuel Fraga para intentar asegurarse la reelección cuando concurra de nuevo a los coicios, en 1993. El PSOE ha llegado a calificar la iniciativa como "un intento de golpe de Estado para perpetuarse en el poder".

En la actualidad, el Partido Popular tiene 38 de los 75 escaños del Parlamento gallego, con lo que dispone de mayoría absoluta.