El Gobierno había ofrecido a los sindicatos el pago de un 0,5% de la masa salarial de los funcionarios, unos 7.50 millones de pesetas (1.200 pesetas al mes de media para cada trabajador, según los sindicatos), si se cumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria e inflación, y otro 0,5% destinado a un fondo de pensiones.

Al término de la reunión, el secretario general de la Federación Sindical de Administración Pública de CCOO, Carlos Sánchez, afirmó que la propuesta del Gobierno es "escasa, ridícula y corta. Creía (el Gobierno) que el caramelo del fondo de pensiones bastaba para que hincaramos la rodilla,pero no es suficiente para el acuerdo".

El dirigente de CCOO avisó al Ejecutivo de que si no cambia de posición antes del viernes, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará los Presupuestos Generales del Estado, "se va a encontrar con algún que otro desencuentro o con algún lío".

Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Juan Antonio Gilabert, la "cerrazón" del Gobierno ha impedido el acuerdo. El Ejecutivo "se empeña en cargar a los empleados públcos la previsible crisis económica.

Gilabert apuntó que los sindicatos querían que hubiera una cláusula de revisión salarial para compensar las desviaciones de los precios sobre la inflación prevista, a lo que el Gobierno se opuso desde un principio.

El responsable de negociación de CSI-CSIF, Angel Lozano, criticó que la propuesta retributiva presentada por el Ejecutivo el 27 de junio "sea inalterable". Lamentó que se siga cargando toda la responsabilidad del futuro de la economía sobre los empledos públicos, "que seguirán perdiendo poder adquisitivo".

EL GOBIERNO LO NIEGA

Una opinión que no comparte el Gobierno, según señaló el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Ignacio González, quien rechazó que los funcionarios hayan perdido poder adquisitivo y citó un informe del Banco de España que señala que el salario medio de los empleados públicos creció el pasado año un 5,9%, por encima de la inflación, que fue del 4%.

González resaltó que la oferta del Gobierno es "ambciosa y muy novedosa" y no entiende que los sindicatos critiquen que el pago de un 0,5% de la masa salarial se fuera a hacer en el 2003, "cuando la cláusula de revisión salarial que ellos reclaman también se hace efectiva al cierre del ejercicio, es un argumento poco válido y bastante sorprendente".

El secretario de Estado de Administraciones Públicas explicó que el salario de los empleados públicos subirá el año que viene un 2% y la oferta del fondo de pensiones sigue abierta, por lo que el Ejecutivotendrá prevista la dotación económica necesaria, unos 7.500 millones de pesetas, por si se llega al acuerdo.

También habrá una consignación prevista por si se alcanza un acuerdo sobre la retribución variable de los empleados públicos en el caso de que se alcance un acuerdo.

Entre las medidas para luchar contra la temporalidad en las administraciones públicas, cifrada en el 15%, González anunció que se buscará la consolidación del personal interino y temporal, así como mejorar los procesos de seleción de personal, ya que los retrasos que se producen en los mismos provocan que se tengan que hacer contrataciones eventuales.