Se trata de incorporar al ordenamiento jurídico español varios puntos de la normativa comunitaria que hace más eficaz la lucha contra los "piratas" de la propiedad intelectual.

La normativa modifica varias leyes para facilitar la persecución de las redes de distribución de la mercancía o servicios que han sido copiados y se mejora el acceso a documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor.

También se permitirá la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas.

En cuanto a la propiedad intelectual, se puede obligar a la publicación de las sentencias que destapan a los infractores y, además, se fija un nuevo criterio para establecer la ganancia dejada de obtener.

Se contempla también la posibilidad de prevenir una infracción inminente, ampliando la medida cautelar de suspender cualquier actividad que lesione un derecho de propiedad intelectual hasta la prohibición de esta actividad, aun cuando todavía no haya sido iniciada. Lo mismo se aplicará en la defensa de las marcas.

Por otra parte, en este mismo anteproyecto se adoptan las normas de carácter procesal necesarias para la aplicación en España de dos recientes Reglamentos comunitarios. Uno es el del título ejecutivo europeo y el otro el de competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.