Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas y de los sindicatos. Según las fuentes sindicales consultadas, los decretos de servicios mínimos vigentes contemplan unos servicios mínimos "abusivos", que alcanzan hasta el 80 por ciento en algunos servicios de las administraciones públicas.

Los responsables de los sindicatos convocantes de la huelga (UGT, CCOO, CSIF, ELA-STV y CIGA) mantuvieronayer una reunión con la directora general de la Función Pública, María Teresa Mogín, para fijar los criterios generales de los servicios mínimos, en la que no hubo acuerdo, ya que, según las fuentes sindicales consultadas, "el Gobierno no tenía ninguna intención de negociar".

Las mismas fuentes explicaron que Mogín les comunicó que enviaría una circular a todas las utoridades gubernativas con los criterios a seguir para cumplir los servicios mínimos los días 26 de noviembre y 15 de diciembre, en la qu informa que se aplicarán los decretos de mínimos en vigor.

Esta decisión contrasta con la pretensión de los sindicatos, que pidieron que los servicios mínimos para estas huelgas reflejaran ya el espíritu del proyecto de ley de huelga recientemente acordado entre el grupo parlamentario socialista y los sindicatos, de manera que se respetara escrupulosamente el derecho de huelga y no se establecieran unos servicios mínimos abusivos.

Los sindicatos consideran que estos servicios mínimos fijados en os decretos en vigor son "abusivos", y que, incluso algunos de estos decretos están recurridos, dándoles la razón. "El lunes y el martes nos llamarán las direcciones de los distintos centros de trabajo de las administraciones para informarnos de los mínimos y empezaremos otra vez a recurrir decretos de mínimos unos detrás de otros", aseguraron las fuentes sindicales consultadas.

UGT propone que los servicios mínimos durante la huelga sean los mismos que se prestan un día de fiesta, de modo que los sericios que funcionan las 24 horas del día, como sanidad, bomberos, policía municipal, prisiones y otros, operen como un día festivo y el resto no realicen ninguna actividad. Igualmente, CCOO cree que deben mantenerse las prestaciones indispensables de los servicios esenciales para la comunidad.

Los sindicatos, que todavía no han sido llamados a negociar, pese a que el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, les remitió una carta el pasado fin de semana ofreciéndoles reanuda las negociaciones, aseguraron que la desconvocatoria de la huelga "es impensable a estas alturas".

"Si nos convocan la semana que viene iremos, pero ya no hay prácticamente margen de tiempo para negociar", afirmaron los sindicatos consultados. Por su parte, fuentes del ministerio señalaron que es muy posible que la reunión de la mesa general de negociación de la función pública se fije para el próximo lunes o martes.

Las huelgas generales convocadas por UGT, CCOO, CSIF, ELA-STV y CIGA afectan a erca de dos millones de empleados públicos de las tres administraciones públicas (central, autonómicas y locales), así como de Correos, la sanidad y la educación. El objetivo de los paros es protestar por el recorte salarial previsto en los presupuestos de 1993 para este colectivo.