El Gobierno ha modificado el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, para que tengan carácter trimestral, en lugar de semestral, las retribuciones a los abogados y procuradores que prestan asistencia a ciudadanos que carecen de recursos.

Además, se elevan las cuantías pagadas a esos profesionales en un 7,3%, que es justamente el porcentaje de incremeno del IPC en los cuatro años transcurridos desde la regulación anterior.

El impacto económico de la reforma supondrá un incremento de 941 millones de pesetas en las partidas relativas a la asistencia jurídica gratuita, que alcanzarán los 4.130 millones de pesetas, de los cuales un 8% irá destinado a sufragar gastos colegiales y el resto al pago de las más de 200.000 asistencias de oficio realizadas anualmente por los abogados y las más de 100.000 de los procuradores.