Aunque las diligencias policiales que se abrieron tras la denuncia motivaron la detención de siete agentes, de los cuales seis pasaron a disposición judicial y tres de ellos están en prisión incondicional, la Dirección General de la Policía decidió incoar expedientes disciplinarios a los siete presuntos implicados.

En una respuesta parlamentaria a la diputada de IU Isaura Navarro, a la que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno advierte de que deja a salvo la presunción de inocencia de los encartados, pero insiste en que, de resultar probados los hechos, éstos merecen su "total repulsa".

No obstante, y pese a reconocer la gravedad de las denuncias, el Ejecutivo considera que "no es necesaria" una reforma legislativa, por entender que las normas vigentes ya garantizan todos sus derechos a los inmigrantes.

Además, explica que el pasado mes de agosto se incorporaron al citado centro de internamiento seis funcionarias de policía en sustitución de los agentes expedientados y que se han acometido obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones destinadas a la custodia de inmigrantes de Málaga.