En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó la respuesta a una pregunta para expresar la "auténtica repugnancia" que producen al Ejecutivo este tipo de comportamientos.

Ese sentimiento es, añadió, "sin paliativos y sin excusas, siempre y en cualquier caso", también en Estepona, gobernada por alcalde socialista.

Garantizó por ello que el Gobierno será "implacable" persiguiendo y castigando la corrupción porque, a pesar de ser "pocos" casos, manchan la reputación de miles de alcaldes y concejales que trabajan únicamente por los ciudadanos.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, apostilló que las medidas contra la corrupción contenidas en la legislación urbanística son aplicables a todos los ayuntamientos, entre otras la obligación de tener un registro de bienes del alcalde y de los concejales.

Donde esa obligación no se cumpla se vulnera la legalidad, aseguró la ministra, para quien habilitar ese registro municipal es una cuestión de "voluntad política", ya que existen los mecanismos para ello.