A propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Gobierno, por medio de la citada direción general, ha exigido a la empresa propietaria de la acería un plan de acción que debe prever las medidas necesarias, "parando el proceso de la acería si fuese necesario", para evitar la dispersión de material radiactivo y limitar la cantidad de residuos radiactivos que se generen.

Asimismo, el plan tendrá que incluir el control de radiación y contaminación de la línea de descarga de humos, el muestreo y análisis del polvo que hay en el silo en el que se almacenó el polvo contaminado y medidas de l contaminación en la planta de inertización y de la tasa de radiación en los viales y zonas accesibles del interior de la acería.

Además, la empresa deberá someter a los trabajadores a análisis para controlar la medida radiológica corporal de las personas que se encontraban en la zona de la acería que resultó contaminada o que tuvieran contacto con los materiales afectados.

Otras de las medidas impuestas son el aislamiento y caracterización radiológica de los materiales que hayan podido resultar ontaminados y un acuerdo con la Empresa Nacional de Reisduos Radiactivos S.A. (Enresa) para que se encargue de la gestión de los desechos que se generen.

Aunque los sistemas de vigilancia ambiental del CSN indican que no se han superado los valores habituales de radiación ambiental, este organismo ha desplazado un inspector al lugar del suceso mientras duren estas actuaciones.

Por su parte, el PSOE ha pedido la comparecencia de la presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, ante el Congreso d los Diputados para que informe de este incidente a la Cámara.