En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su gestión para esta legislatura, Fernández de la Vega anunció esta "garantía adicional", que gozará de la mayor "fiabilidad" en la evaluación del modo en que las autonomías serán afectadas por cada norma estatal.

Ésta es una de las iniciativas con las que el Ejecutivo socialista pretende mejorar la relación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, junto a las ya articuladas en la anterior legislatura, como la Conferencia de Presidentes, que se mantendrá en ésta, o la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos, que el Gobierno quiere "revitalizar".

Asimismo, indicó que este año se acometerá la reforma "pactada y limitada" de la Constitución en los términos ya anunciados, es decir, la necesaria para hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, la incorporación de la denominación de las comunidades autónomas, la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado o la inclusión de la Constitución Europea.

Recordó que la "falta de consenso impidió que pudiera llevarse a cabo" la pasada legislatura, y expresó su deseo de recabar en esta ocasión el acuerdo necesario para realizar una reforma que considera "necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social".

También avanzó que la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y el encargo "inmediato" al Consejo de Estado de un informe sobre esta reforma, que una vez realizado será remitido a la subcomisión para que "lo utilice como herramienta de trabajo".

El Gobierno promoverá también, continuó la vicepresidenta primera, el desarrollo reglamentario de la Ley de Asociaciones, para mejorar la transparencia y el sistema de gestión, y de la conocida como ley sobre memoria histórica, así como la de compensación a los partidos políticos por los bienes incautados durante la guerra civil y la dictadura.

LIBERTAD DE CONCIENCIA

Por otro lado, Fernández de la Vega avanzó que el Gobierno acometerá una revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, para adaptarla a las nuevas circunstancias y tener en cuenta tanto los acuerdos del Estado con la Santa Sede como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de conciencia.

Además, reiteró la necesidad de renovar "cuanto antes" los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional, "renovaciones que resultan inaplazables", porque el ordenamiento "deja a la prudencia de la Cámara el momento más oportuno para hacerlo, pero nunca creyó, porque resultaba inimaginable, que las situaciones de internidad pudieran resultar tan prolongadas".

Finalmente, aseguró que en esta legislatura se creará el Consejo Superior de Medios Audiovisuales como mecanismo de garantía para los ciudadanos y los propios medios de comunicación, e impulsor de buenas prácticas en este sector, y se pondrá en marcha un centro internacional de prensa.