Esos interlocutores aseguraron que fue el propio presidente del Gobierno, Felipe González quién rechazó de forma rotunda la idea lanzada durante el transcurso de una de las reuniones habituales de trabajo por miembros del gabinete ministerial.

Ante la propuesta de que os elevados costes de la defensa de Rafael Vera corriesen a cargo de los fondos reservados, el presidente del Gobierno respondió con una negativa tajante y advirtió a sus colaboradores que había que hacer esas cosas "por las claras" y que tenía que pagarlo el Partido Socialista.

Esta conversación se produjo a principios de este año, pocos días antes de que el secretario de Administración del PSOE, Francisco Fernández Marugán, diese luz verde a los pagos de los abogados de Vera, De Justo y Barrionuevo. La defensa de los antiguos responsables de Interior ha supuesto hasta ahora al PSOE un desembolso de 25 millones de pesetas que han obligado al partido a ampliar el capítulo de sus presupuestos destinados a asesoría y cobertura jurídica hasta 61 millones en previsión de nuevos casos.

Pese a que la decisión de Francisco Fernández Marugán de asumir los costes de la defensa de Vera, De Justo y Barrionuevo se tomaba incluso antes de que le llegasela orden de González, a principios del mes de febrer, el presidente del Gobierno sí conoció los planes del secretario de Administración del PSOE antes de que se hiciesen públicos, en cotra de la versión ofrecida por los dirigentes socialistas.

En ese momento, no puso ningún reparo a que el Partido Socialista se responsabilizase de los gastos en abogados, tal y como él mismo había decididio que tenía que hacerse.

La propuesta de que el Estado asumiera los gastos de defensa de los ex responsables de Interior fue hecha de nuevo en el Comité Federal dl PSOE celebrado el pasado 25 de marzo. Juan José Laborda, presidente del Senado, fue quién hizo la sugerencia que fue desestimada por el órgano de dirección del partido.