El anteproyecto se refiere principalmente a las personas mayores que están en tres situaciones: no tienen familia que pueda hacerse cargo de ellos, no cuentan con recursos suficientes para mantenerse o su salud mental está muy deteriorada.

Según los cálculos, en esta situación podrían encontrarse en España más de 250.000 personas, a las que se trata de garantizar con mayor preciión de lo que recoge la normativa actual derechos elementales como la intimidad, el mantenimiento de sus posibles patrimonios y el tratamiento social adecuado, entre otras cuestiones.

Además, el anteproyecto prevé fijar unas líneas generales que actúen como marco de referencia en el tratamiento de ancianos que viven en residencias o internados, y que pueden ser extrapolables a otras personas que también viven en este tipo de establecimientos, como algunos discapacitados, sobre todo psíquicos.

En ste sentido, Amalia Gómez precisó que no se trata de una normativa concreta para estas cuestiones de las residencias, cuyo control y seguimiento corresponde a las comunidades autónomas, sino que representa un ámbito de actuación general que debe ser seguido por todos.

Respecto a la entrada en vigor de esta normativa -enmarcada en la denominada Ley del Mayor-, la secretaria de Asuntos Sociales apuntó que se trata ahora de "adelantar trabajo para la próxima legislatura", ya que, dado que apenas le queda unos meses a este Gobierno, el proyecto difícilmente entrará en el Parlamento hasta la siguiente legislatura.