Según informó el Gobierno, este grupo de trabajo estará presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social e integrado, al menos, por los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores y Cooperación; Economía y Hacienda; Justicia; Interior; Educación; Trabajo e Inmigración; Industria, Turismo y Comercio; Vivienda; Presidencia, e Igualdad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, explicó que el grupo de trabajo deberá analizar la legislación española y realizar los ajustes técnicos convenientes para adaptarla y adecuarla a las directrices de la Convención. El Ejecutivo prevé que los ministerios tengan listo un informe en siete meses.

Con esta iniciativa, España se situará "a la vanguardia de los países de su entorno", agregó Jiménez, quien señaló que la convención "supone avances importantísimos, como el cambio de lenguaje en las leyes", que a veces utilizan términos inadecuados.

La convención de la ONU sobre discapacidad no establece nuevos derechos, pero prevé medidas de no discriminación y de acción positiva que los estados que se adhieran a ella deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en igualdad de condiciones.

Supone, según el Ejecutivo, un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarlo como una cuestión de derechos humanos y no como una preocupación en materia de bienestar social.

El texto se basa en principios generales como la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación e inclusión plena en la sociedad, el respeto por la diferencia, la accesibilidad o la igualdad entre hombres y mujeres.

Obliga a los países que lo ratifican a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos.