Bruselas, que ha ampliado el plazo de contestación a su informe preliminar del 4 al 13 de septiembre, considera que el Gobierno español vulnera varios artículos de la normativa comunitaria de fusiones, especialmente los relativos a la libertad de establecimiento y al libre movimiento de capitales.

Para el Ejecutivo, ninguno de los principios comunitarios resulta dañado con la resolución de la CNE. "Por un lado, la seguridad de suministro es algo que ya se ha planteado en otras fusiones y que Bruselas ha aceptado, y por otro lado, la libre transferencia de capitales se da desde el momento en que se aprueba la OPA y E.On puede adquirir Endesa", indicaron a Servimedia las mencionadas fuentes.

"Pero vamos a ver por dónde van los derroteros finalmente y, a partir de ese momento, pues veremos si hay que retocar algo del decreto de la CNE o no", apuntó una fuente autorizada.