Aunque en ningún momento se citó el caso del ciudadano que cntribuyó a la detención del "comando Madrid", su circunstancia estuvo en la mente tanto del titular de Justicia como de la diputada del PNV, Margarita Uría, que planteó la pregunta.

Según Acebes el ordenamiento jurídico español permite "proteger y preservar" la identidad y circunstancias personales de los testigos y peritos cuando esto sea necesario para su seguridad.

El máximo interés del ministro al responder a esta cuestión fue "transmitir seguridad" a quienes colaboran o puedan colaborar en e futuro en la detención de terroristas y su puesta a disposición judicial.

Por su parte, Uría consideró que es aún posible reforzar más la garantía de anonimato en la fase intermedia del proceso y recordó el mal funcionamiento de la legislación aplicable, por ejemplo en el "caso GAL", durante cuyo proceso se conoció públicamente la identidad de uno de los testigos.

"En este momento", le espetó el ministro, "es muy importante que transmitamos que las leyes permiten la protección y la reserva de lo datos de los testigos protegidos".

A su juicio, la seguridad está siendo efectiva gracias a medidas como que no conste en ninguna diligencia el nombre apellidos o domicilio del testigo, que se le adjudique una clave para todo el proceso judicial, que comparezca de manera que se imposibilite su identificación y que se use como domicilio de notificaciones el propio juzgado.