Esta modificación que iría incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que ha sido una de las peticiones de CiU y PNV, grupos con los que el Gobierno tendrá que "pactr" dichos presupuestos, "no afectaría al sistema recaudatorio", tema de especial sensibilidad debido a las elevadas cotas de endeudamiento de nuestro país.

Las mismas fuentes, presentes en la entrevista con Serra, aseguraron que "se ha abierto un camino para profundizar en este impuesto, nos dijo que se hablaría con CiU y PNV, que están a favor".

Así, podrían quedar exentos del pago de este impuesto cuando el cambio del titular de una empresa sea de padre a hijo, o, como en el caso de la legislacón francesa, el diferimiento de pago se congelaría, y cobrado cuando pueda el contribuyente a fin de evitar que el traspase en herencia de una empresa no suponga una caída en la solvencia de la misma.

Durante la votación de los Presupuestos de 1994 en el Congreso, la propuesta de CiU de que las empresas familiares quedaran exentas del Impuesto del Patrimonio que finalmente no fue aprobada, generó un auténtico revuelo y la acusación del PP al PSOE de "querer favorecer a las 4.000 familias más ricas de spaña".

SERRA "NO SE MOJA"

Si bien las mismas fuentes se mostraron muy optimistas sobre la posible modificación de este impuesto que afectaría a las empresas familiares, en cuanto al Impuesto sobre Sucesiones, el otro `caballo de batalla' de este tipo de sociedades, el vicepresidente del Gobierno "no se mojó".

La pretensión del IEF es que desaparezca totalmente el Impuesto sobre Sucesiones, mientras que CiU y PNV sólo consideran una supresión de manera "parcial".

Asímismo sobre la transparncia fiscal, el vicepresidente aseguró que se podría estudiar el próximo mes de setiembre, y sólo precisó, sobre esta cuestión, que se avanzará en los próximos presupuestos.

Cabe señalar que la normativa comunutaria recomienda que para el año 1997 se revisen los impuesto sobre Sucesiones, Patrimonio, y la doble imposición de dividendos, lo que supondría un descenso en el efecto recaudatorio del Gobierno.