Esta norma legal tiene como finalidad la incorporación al ordenamiento español de la nueva normativa sobre la materia aprobada por la Unión Europea en marzo de 2002, de obligatoria trasposición en todos los estados miembros.

El anteproyecto de ley tiene como principal novedad la simplificacin de los trámites administrativos para actuar como operador en el mercado, de manera que una persona física o entidad únicamente deberá comunicarlo con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). A partir de dicha notificación, podrá comenzar a prestar sus servicios o establecer su red.

Además, rebaja la intervención administrativa en lo que supone no solicitar una autorización previa a la actuación de los operadores, si bien esta mayor agilidad va acompañada de un ampli régimen sancionador.

De este modo, se introducen infracciones como el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. Además, se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.

Asimismo, establece que la CMT analizará periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones para detectar los sectores en que no exista una competencia efectiva.

SERVICIO UNIERSAL DE INTERNET

También se mantiene el "servicio universal" como aquel conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica.

Como novedad, la normativa comunitaria incluyó entre estas prestaciones el "acceso funcional a Internet", lo que ya se encuentra en vigor en España tras la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002, y encuentra ambién su reflejo en este anteproyecto.

Además, se elevan a rango legal determinados aspectos, como las tarifas especiales de servicio telefónico para personas con necesidades sociales o la garantía de posibilidad de elección de operador para los discapacitados.

En el anteproyecto se recogen los principios que deberán respetarse necesariamente, siempre dentro de la autonomía de las Administraciones en la gestión del dominio público del que son titulares. Entre ellos destaca el principio de publicdad de todas las normas que regulen la asignación del derecho de uso del dominio público a los operadores.