Así lo anunció hoy el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en rueda de prensa tras reunirse con el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

El anteproyecto de ley del Gobierno establecía que sólo se podrá aportar a los planes de pensiones un máximo de 8.000 euros anuales o el 30% de los ingresos si es menor de 52 años o el 50% si se supera dicha edad.

Esto supone una importante reducción respecto al sistema vigente, que fija una aportación máxima que puede llegar hasta los 24.000 euros anuales.

Según Fernández Ordóñez, el Gobierno tiene una "disposición favorable" a variar este límite por entender que la reducción que propone el texto es demasiado "acusada", algo que se hará en el proyecto de ley que el Ejecutivo aprobará el próximo viernes, día 10.

"Tenemos que verlo y que cuantificarlo, pero hay una disposición favorable a alguna revisión en estos límites. Quizá cabe alguna posibilidad antes de su aprobación", afirmó el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Según la Memoria Económica que acompaña al anteproyecto de reforma del IRPF, las reducciones de las aportaciones a planes de pensiones poseen "un gran alcance social", ya que se consignaron en 3,3 millones de declaraciones en 2003, con una incidencia económica "sustancial", que alcanzó los 6.066 millones de euros, equivalentes a un recorte de 2,6 puntos de la base imponible.

Asimismo, Fernández Ordóñez aseguró que también se realizará "algún gesto" que beneficie fiscalmente a los trabajadores que estén más cerca de la edad de jubilación, para tratar de lograr mayores aportaciones a los planes de pensiones.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, agradeció la predisposición del Gobierno a sentarse a hablar sobre esta cuestión.

"Queremos mantener una vía abierta de interlocución constante en el trámite parlamentario de esta ley y que se puedan corregir algunos de estos elementos", indicó Méndez.

Uno de los puntos en los que no ha habido acuerdo en esta reunión es sobre los Planes de Previsión Social Empresarial, que el sindicato quiere eliminar y que el Gobierno insiste en mantener.

I+D+i

Respecto a la supresión de las deducciones por inversión en I+D+i, Fernández Ordóñez insistió en que el texto seguirá con esta propuesta cuando el Gobierno lo apruebe para remitirlo al Parlamento, si bien señaló que "existen otras soluciones" de ayuda directa para estas políticas.

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos recordó que la mayoría de los países de la UE punteros en investigación y desarrollo no tienen establecidas estas deducciones en su política fiscal.

"No hay discusión sobre el objetivo de que la I+D+i es una prioridad para España, sino sobre los instrumentos para articularla", explicó.

El Gobierno prefiere ayudas directas a esta actividad a las deducciones fiscales que, a su entender, no han funcionado correctamente en los últimos años, y que han beneficiado en exclusiva a las grandes empresas.