Así lo comentó la ministra en un acto organizado por el Foro de la Contratación Socialmente Responsable sobre las 'Cláusulas Sociales en la Contratación Pública' celebrado en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid. En el acto también participó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que encabeza el Foro de la Contratación Socialmente Responsable; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

La ministra hizo referencia a la “dificultad” que está suponiendo el incremento de los precios de los materiales en la contratación pública y para las empresas que incorporan cláusulas sociales y recordó que el Ejecutivo ya ha aprobado una revisión “excepcional” de los precios de los contratos públicos de obra siempre que el aumento de los precios supere el 5%.

“Vamos a seguir escuchando” y será “muy importante lo que se nos aporte desde este foro” para que “seamos capaces de seguir construyendo una sociedad más justa”, comprometió la ministra.

La titular de Hacienda valoró que está aumentando la “concienciación” en los órganos de contratación sobre la importancia de las cláusulas sociales y lo puso de relieve al indicar que los contratos con este tipo de cláusulas han pasado de 17.878 en 2018 a 43.683 en 2019 y al entorno de los 40.000 en 2020, al tiempo que la representatividad de estos contratos sobre el total ha ascendido al 18,1% en 2020.

En la contratación centralizada se han incorporado cláusulas sociales en los contratos de limpieza y en los de suministro de impresoras y de mobiliarios y se ha añadido como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o exclusión social de las empresas, según informó Montero.

No obstante, repasó que hay una “dispersión normativa” y “falta de unidad y criterio” a la hora de valorar estas cláusulas o de verificar el cumplimiento de las mismas y eso conduce al desincentivo de los órganos de contratación a “dar pasos decisivos” para avanzar en la generalización de estas cláusulas.

Por ello, señaló que en lo que resta de legislatura el Ministerio se propone, a partir de los cambios en la ley de contratos del sector público impulsados por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “orientar” a los órganos de contratación con un plan de impulso a la contratación pública socialmente responsable, que se elaboró en 2019 pero que no tiene suficiente desarrollo normativo, según explicó Montero. “Estamos intentando aterrizar el marco jurídico” y ver cómo acreditar cuestiones relativas a la cuota de reserva para personas con discapacidad o el cumplimiento de disponer de un plan de igualdad.

También se pretende formar a quienes tramitan los expedientes y están involucrados en estos procedimientos de contratación y “construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública”.

Montero también explicó que se han introducido mejoras en la plataforma de contratación para dar “mejor información y más abundante” y avanzó que “en los próximos meses” se pondrá a disposición del público general información sobre la utilización de los criterios sociales.

La titular de Hacienda destacó su “compromiso” con una contratación pública “responsable”, cuya representatividad cifró en el 11% del PIB y puso el foco “alentar” a que el sector privado se involucre más y “entienda” que es una cuestión tanto de “ética corporativa” como de “cierta ventaja competitiva” a la hora de contratar con el sector público.

“Hacer lo mismo ya no es viable”, según Montero, quien consideró la “conmoción social” de la guerra y la pandemia “nos tiene que permitir ser más conscientes todos de la importancia de lo colectivo”, de lo “público” y de la “unidad”, aunque haya “discrepancia política”.

Por otra parte, Montero expresó su deseo de que el cambio del artículo constitucional que “dignifica” a las personas con discapacidad “cuente con la unanimidad de los grupos políticos presentes en la Cámara” porque “como se denominen las cosas dice mucho de cómo las conceptualizamos”.